Por HCG Business Intelligence Unit
Cuando el presidente Donald Trump activó el título III de la Ley Helms-Burton el mercado cubano automáticamente perdió el poco atractivo que le quedaba para los interesados en invertir en el país. Para los inversionistas que ya estaban inmersos en las inversiones comenzó una verdadera pesadilla. Para el gobierno cubano significó un apretón de cuello que ha estremecido sus cimientos. Lo cierto es que nadie imaginó que la polémica ley iba a ser activada en algún momento de la historia y menos aún el impacto que iba a causar a la economía cubana en las actuales circunstancias. Si hubiese que usar alguna palabra para caracterizar el impacto que hasta estos momentos ha tenido, podríamos decir que ha sido demoledoramente asfixiante.
Su poder persuasivo en esta etapa inicial ha sido más poderoso que el efecto de las propias demandas que han tenido lugar hasta la fecha. No son pocos los inversores extranjeros que han visto frenado en seco sus intenciones de invertir en la isla. Algunos han tenido que echar hacia atrás contratos firmados con antelación por temor a las sanciones. Tal es el caso de la compañía franco-italiana Avions de Transport Régional, quien había firmado contrato con el gobierno cubano para la venta de dos aviones de turbohélice ATR 72-600, acuerdo que acaba de ser cancelado por temor a represalias por la ley Helms-Burton. Otro caso ha sido el de la empresa francesa Bouygues Batiment International, quien en 2018 obtuvo la concesión del Gobierno para ampliar y gestionar los aeropuertos José Martí y San Antonio de los Baños[1]. Dicha empresa lleva varios años en Cuba trabajando en diferentes proyectos de construcción. Ha sido el brazo constructor de las empresas militares en Cuba (Grupo GAESA). Ha trabajado en la construcción de varios hoteles en Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco y también formó parte del equipo de construcción del hotel Gran Manzana Kempinski, primer hotel cinco estrellas plus. Desde 1999, la compañía ha entregado más de 30,000 habitaciones[2], o el 50% de los alojamientos ofrecidos en Cuba y el 100% de aquellos en establecimientos de cinco estrellas. Actualmente trabajan en un proyecto de 19,000 habitaciones en la Bahia de Nipe en Holguín[3], en tierras confiscadas a la United Fruit Sugar Company.
Otro de los proyectos cancelados ha sido el de la renovación de los talleres ferroviarios cubanos, el cual había sido firmado por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) y la Unión de Ferrocarriles de Cuba, por un valor de 46.7 millones de dólares[4]. El proyecto incluía la modernización de dos grandes talleres de locomotoras en La Habana y Camagüey, así como recuperar vagones para pasajeros y poner en funcionamiento el conocido en la isla como «tren francés».
Estos tres ejemplos corresponden a compañías europeas, quienes han preferido retirarse antes de pelear en los tribunales una potencial demanda, aun con la protección que ha prometido la Union Europea a las empresas y empresarios de sus respectivos países que pudieran verse involucrados en algún tipo de reclamación o demanda.
La ley Helms-Burton para en seco las inversiones en la ZEDM
El impacto de la activación del título III de la Ley Helms-Burton se ha sentido muy fuerte en la Zona Especial Desarrollo Mariel (ZEDM). Los proyectos de inversión en la ZEDM no tuvieron crecimiento en el 2019 y en lo que va del 2020 tampoco. En la ZEDM se mantienen los 43 proyectos que ya estaban presentes en el 2018. Lo único que ha pasado es que algunos que estaban en fase de construcción han pasado a fase de operaciones, sin embargo, no se han agregado nuevos proyectos inversionistas en los últimos 15 meses. Ver figura 1.
Figura 1. Inversiones en la Zona Especial Desarrollo Mariel (ZEDM), 2014-2020
Fuente: Havana Consulting Group
También se percibe que algunos de los proyectos firmados y anunciados, se han quedado paralizados. En ese estatus ha quedado por ejemplo el proyecto de la empresa Mixta Salado Resort, la cual tiene como socios a la empresa española GLOBADIA, representado en este caso por la empresa EL SALADO RESORT S.L. (Sociedad Mercantil legalmente constituida en Palma de Mallorca, España) y CUBAGOLF S.A. (Sociedad Mercantil perteneciente a la Empresa Extra Hotelera Palmares S.A. de Cuba)[5]. El proyecto pretende construir un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de 250 habitaciones de cinco estrellas y otro de 500 de cuatro estrellas, centro de convenciones, spa, un centro comercial y 3,000 apartamentos en venta. Sin embargo, tras once años de intensas negociaciones para llegar al acuerdo de crear la empresa mixta, toda la gestión se ha quedado en el deseo.
Sin duda alguna la activación del Título III y la implementación del Título IV de la Ley Helms-Burton han cambiado las reglas del juego y la dinámica de las inversiones en la isla. Si el gobierno cubano en los últimos años había enfrentado serios problemas para lograr atraer inversiones de empresas extranjeras, la activación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (Helms-Burton) ha hecho mucho más difícil atraer a inversionistas extranjeros para invertir su capital en el país.
Muchos factores dificultan actualmente la atracción de inversiones extranjeras en la isla: la precariedad del sistema basado en una economía centralizada, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria, la verticalidad en la toma de decisiones, los tabúes que limitan el desarrollo del sector privado, la limitación que tiene el inversionista extranjero de solo poder negociar con empresas estatales, la obligatoriedad que tienen las empresas extranjeras de contratar fuerza de trabajo local a través de una agencia empleadora perteneciente al gobierno y no de forma directa con el trabajador, etc.
Estos factores sumados a las restricciones del embargo y la activación del título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (Helms-Burton), elevan considerablemente el riesgo de invertir en el país. Sin duda son barreras reales que no solo lastran las oportunidades de inversión en la isla, sino que dificultan y ponen en riesgo las inversiones y los negocios que ya están operativos en el país.
La evolución de la Zona Especial Desarrollo Mariel (ZEDM) en sus siete años de existencia es un ejemplo muy claro de esta realidad. A comienzos de 2020, solo se habían aprobado 43 empresas en la ZEDM, de las cuales solo 24 están en operación y 19 en proceso de inversión. De ellas, 6 son de capital 100% cubano, 24 son de capital 100% extranjero y 13 de capital mixto. Los años de mayor número de empresas aprobadas han sido 2016 (11) y 2017 (15). En el 2018 solo se aprobaron 9 empresas, un declive de 40% en comparación con el 2017. Mientras que en 2019 y lo que va del 2020 no se ha aprobado ningún nuevo proyecto inversionista. El país con mayor presencia hasta el momento en la ZEDM es España con 10 empresas.
La ZEDM es vulnerable a las demandas
En el área donde se encuentra enclavada la ZEDM existían cuatro centrales azucareros y otras empresas que fueron confiscadas y no compensadas al triunfo de la revolución. Si bien es cierto que todavía no ha salido a la luz pública ninguna demanda relacionada con estas propiedades, es de esperar que estas surjan en cualquier momento.
Los cuatro centrales azucareros que se encuentran dentro del perímetro de la ZEDM son el Central Orozco, el Central Merceditas, el Central San Ramón y el Central Habana. Ver Mapa 1.
Mapa1. Zona Especial de desarrollo Mariel. Área de inversión actual y ubicación de los centrales azucareros que fueron confiscados al triunfo de la revolución.
Fuente. Havana Consulting Group.
Las limitaciones financieras acrecientan la crisis actual
La actual crisis económica que presenta el país, agravada por la fuerte disminución del soporte financiero venezolano, el declive del turismo en el 2019[6], la disminución de las exportaciones[7] (incluida la exportación de servicios profesionales[8]), el incumplimiento de pago de la deuda externa con algunos acreedores del Club de Paris[9], más el congelamiento de las reformas[10] dibujan un panorama sombrío y poco atractivo para la inversión extranjera. A esto hay que sumar que la empresa CFR I LTD, un tenedor de deuda basado en Londres y perteneciente al Club de Londres ha presentado una demanda individual por 1.4 billones de dólares al gobierno cubano por impago de la deuda[11].
Es por ello, que varios empresarios ya presentes en la isla comienzan a percibir que el riesgo de la inversión realizada se acrecienta en la medida que se profundiza la crisis venezolana y el gobierno norteamericano arrecia su presión sobre la isla. Así mismo, otros inversores que estaban indecisos sobre invertir comienzan a enfriar sus planes inversionistas ante la escalada del escenario actual y los nuevos obstáculos que se avecinan.
La falta de liquidez que tiene el país ha puesto el pacto de la deuda externa con el Club de Paris al borde del default, lo cual es catastrófico para la economía cubana, pues las pocas líneas de créditos que tienen corren el riesgo de cerrarse en cualquier momento por la falta de pago.
La escasez de productos que hoy padecen las redes minoristas de comercio dolarizadas en la isla, son una muestra de que el país no tiene divisas para garantizar un suministro estable en las tiendas. Productos de primera necesidad como pollo, huevo, aceite, productos de higiene son difíciles de conseguir en estos días, señal de que escasean las divisas para pagarle a los proveedores.
Pero no solo se ha visto afectada el pago de la deuda. Las empresas extranjeras radicadas en el país están teniendo muchas dificultades para repatriar el capital generado por sus operaciones en la isla, lo que ha incrementado el nivel de desconfianza hacia el gobierno y ha generado un clima de incertidumbre que no es bien apreciado por los pocos inversionistas presentes en el país y por los que todavía evalúan invertir en la isla. Esto ha generado que muchos proveedores de productos hayan dejado de venderle a Cuba por la falta de pago. Tal es el caso de las 56 empresas de Islas Canarias que en el 2012 exportaban a Cuba unos 40 millones de euros hoy solo lo hacen 15, con un volumen de negocios de 5.5 millones de euros. Algo similar ha ocurrido con suministradores chinos de materias primas y productos, lo cual ha generado una profunda crisis en la industria farmacéutica cubana y otros sectores de la economía cubana.
La clave de ser exitosos en las demandas está en el due dilligence
Para cualquier persona o empresa que les fueron confiscadas sus propiedades al triunfo de la revolución, y que bajo el amparo del Título III de la ley Helms Burton califiquen para hacer una reclamación, tienen una gran oportunidad de reclamar y obtener una compensación por la confiscación y posterior uso de sus propiedades confiscadas. Sin embargo, para ser exitosos el camino es largo y pedregoso.
Hasta el momento se han hecho públicas 25 de demandas, de ellas 9 son certificadas y 16 son no certificadas. En realidad, es número aparentemente bajo en comparación con las expectativas que se crearon con el anuncio de la activación del título III de la Ley Helms-Burton. Los procesos de demandas suelen ser altamente costosos y prolongados en el tiempo. Al cierre de Abril 30, según U.S.-Cuba Trade and Economic Council, Inc., se habían interpuesto 25 demandas, en las cuales se han implicado de una u otra forma más de 146 abogados que trabajan para 51 firmas legales, hay 79 demandantes y se han facturado alrededor de 4.1 millones de dólares por los honorarios de abogados[12].
Existen otras decenas de demandas en curso pero que no se han hecho públicas todavía. Algunas están en fase de negociación con los demandados y otras a la espera de los resultados que brinden las primeras demandas que ya fueron sometidas a la corte. Otros han decidido buscar apoyo del Departamento de Estado para la implementación del Título IV y buscar una negociación fuera de las cortes para interés de todas las partes. Una respuesta que dé luz verde por parte de los jueces a varias de estas demandas que están ahora mismo en curso sería como un pitazo de arrancada para que otros que están a la espera de estos pendientes resultados se lancen a demandar. Al parecer hay muchos demandantes a la espera de los resultados de las demandas en curso para salir del closet.
La mayoría de las demandas presentadas hasta ahora se están trabajando con cero costos para los demandantes, todo lo contrario, a lo que ocurre con los demandados, quienes han tenido que invertir miles de dólares en su defensa. La mayoría de las firmas de abogados involucradas en las demandas han corrido con los gastos de sus clientes y los gastos del “due dilligence” sobre la propiedad demandada. Por lo general las firmas legales pactan con los clientes una compensación del 30% al 40% del total de la demanda a cambio de hacer todo el trabajo legal sin costo para el cliente.
La clave para hacer una buena demanda está en el due dilligence, y es aquí donde armar un caso se convierte un tremendo reto para los demandantes. El due dilligence tiene dos partes importantes: 1. Toda la información concerniente a la propiedad confiscada; 2. Toda la información sobre quien está traficando en la propiedad confiscada.
Al margen de las ambigüedades y los tecnicismos que tiene la ley, es imprescindible poder reconstruir la historia de la propiedad, desde cuando fue fundada hasta el momento de la confiscación, y poder demostrar quienes eran los propietarios. Para ello, es importante aportar copias de títulos, acciones o escrituras que demuestren la titularidad de los bienes embargados a estas empresas o personas y documentos que prueben y demuestren el valor de la propiedad cuando fue confiscada.
Documentos como decretos, leyes, resoluciones, actas de expropiaciones, inscripciones de nacimientos, certificados de matrimonios, testamentos, declaratoria de herederos, certificaciones del archivo nacional, de los registros mercantil y de propiedad, estados financieros, etc., son muy importantes para poder conformar un buen expediente.
No todas las familias y empresas que fueron afectados por las confiscaciones pudieron conservar sus títulos y otros documentos valiosos. Ha pasado mucho tiempo y muchos se rindieron en el largo camino de espera para reclamar sus propiedades y hacer justicia. En cambio, otros mantuvieron el espíritu de pelear y este fue transmitido de generación en generación. Muchos de los hoy demandantes eran niños o muy jóvenes cuando ocurrió aquella barbarie, otros hasta nacieron después.
Desafortunadamente, muchos de esos herederos, todos ciudadanos americanos, heredaron las reclamaciones de las propiedades confiscadas después de la promulgación de la Ley Helms Burton el 12 de marzo de 1996 y sus padres nunca tuvieron la oportunidad de hacer justicia por estar suspendido el Título III de la Ley Helms Burton por más de 23 años hasta Mayo del 2019. Hoy un juez de la corte de Miami-Dade le niega sus derechos al hijo de un ciudadano norteamericano y no le da oportunidad para demandar a nombre y en representación de su padre fallecido como le corresponde por ley. Sin embargo, existen atajos legales que pueden resolver este inconveniente. Es por eso que los demandantes deben hacer las debidas diligencias y estar listos para una larga batalla en las cortes federales.
La otra parte del due dilligece es determinar cuál empresa está traficando en la propiedad confiscada, que negocio actualmente se está desarrollando en la propiedad, cuál es su volumen de facturación actual, cuanto fue el volumen de la inversión, como se hizo el financiamiento, por qué período ha estado y va a seguir siendo explotada la propiedad confiscada, quienes son sus directivos, donde radica la casa matriz de la empresa, identificar sus subsidiarias y operaciones en Estados Unidos y otros países, etc.
No todas las firmas de abogados envueltas en las demandas cuentan con la información y los expertos en las leyes americanas y las leyes cubanas (conocer la ley cubana es muy importante) que se requieren para hacer un buen due dilligence. Este vacío de información tiene que ser llenado por abogados, expertos y firmas consultoras especializadas en el mercado cubano. Estas empresas y expertos son los que saben dónde y cómo buscar la información que se necesita para cubrir las dos partes del due dilligence.
Hacer un buen due dilligence garantiza un 90% de probabilidad de triunfo en una demanda. Esto facilitaría mucho el trabajo de los abogados litigantes, quienes son los que tienen que presentar los casos en la corte.
Hay muchos casos donde la familia es numerosa y no todos sus integrantes con derecho a reclamar tienen la misma expectativa de éxito en caso de establecer una demanda, esta es una de las razones por las cuales hasta el momento se han hecho públicas solo 25 demandas. Sin embargo, una vez que un demandante haga pública la demanda, el resto de la familia saldrá del closet y se unirá a ella, a fin de cuenta no tienen nada que perder y mucho que ganar.
Para un demandado hacer un acuerdo privado con el demandante antes de que la demanda se haga pública permite que el monto a pagar por compensación en una negociación sea mucho menor de lo que sería si la demanda se hace pública y la familia sale del closet y se une a la demanda.
Para ambas partes, tanto para demandantes como demandados todo cuenta. Un buen due dilligence puede conducir a una negociación exitosa sin necesidad de ir a la corte, al final de día ambas partes se beneficiarían, todo el mundo gana y nadie pierde. El demandante es compensado y hace justicia por los suyos, mientras que el demandado cede un por ciento x de sus ganancias, pero conserva su negocio y salva su inversión.
Negociar o pelear, ¿Cuál es la mejor fórmula para enfrentar la Helms-Burton?
Muchos inversionistas se hacen la estratégica pregunta. Para pelear en las cortes hay que destinar grandes sumas de dinero en abogados y gastos legales. Para muchos el riesgo de perder las demandas es real y grande, pues lo cierto es que el gobierno cubano confiscó y no compensó ni a las empresas ni a los propietarios que fueron embargados, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, han pasado muchos años y no todos los afectados certificaron las demandas, ni guardaron los documentos que se necesitan para demandar. La búsqueda de estos se hace difícil, sobre todo porque el gobierno cubano no permite su búsqueda en los archivos bajo su custodia y pena con sanciones de hasta 20 años de cárcel a quienes intenten sacar del país algún documento comprometedor que facilite la interposición de una demanda en cortes norteamericanas.
También hay que agregar que las personas que sufrieron las confiscaciones ya hoy no existen, quienes sobreviven son sus herederos. En un grupo considerable de ellos se ha mantenido viva la esperanza de demandar para ser compensados por los bienes confiscados, es un reclamo y lucha que se ha transmitido y conservado de generación en generación. En otro grupo de afectados no ha funcionado con esa visión.
Así las cosas, el escenario actual muestra que una buena parte de los inversionistas que se han instalado en la isla corren el riesgo de ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU, caer un una lista negra, ser multados con sumas millonarias, perder el crédito de las instituciones financieras norteamericanas y sus activos en los EE.UU, si se interpone una demanda contra ellos en el caso de estar operando en propiedades que fueron confiscadas.
Algunas de estas empresas son muy poderosas financieramente y cuentan con suficiente capital para pelear en las cortes y tratar de descarrilar las demandas por razones de tecnicismos o falta de documentos probatorios. En el peor de los casos hasta se pueden dar el lujo de llegar a un acuerdo con el demandante a sugerencia del juez antes de que este dicte sentencia. Sin embargo, este no es el más cómodo de los caminos, ni tampoco la mejor estrategia.
Lo más sensato es negociar. Negociar permite al demandado tener continuidad en el proyecto que ha invertido no solo en el tiempo que se haya pactado la operación de la inversión, sino que, al reconocer los derechos del demandante de ser compensado por el tráfico en su propiedad, lo convierte en un socio de a futuro con el demandante. Esto le garantizaría una continuidad en el negocio ante un eventual cambio de gobierno en la isla, algo que pudiera ocurrir en los próximos años.
La actitud del gobierno cubano en cómo enfrentar la activación del título III de la Ley Helms-Burton ha sido muy torpe y desacertada. En primera instancia, hasta ahora no lo han percibido como una oportunidad para negociar y convertir estas demandas en nichos de inversiones, sino todo lo contrario. En segundo lugar, al gobierno cubano poco o nada le importa si el inversionista extranjero presente en el país corre el riesgo de ser sancionado por el Departamento del Tesoro y se les confiscan sus activos en los Estados Unidos. En este sentido, para los inversionistas extranjeros envueltos en las demandas deben valorar seriamente si vale la pena pelear o negociar. Para quienes tienen intención de invertir deben pensarlo dos veces, por lo mucho que se arriesgan a cambio de nada. Antes de hacerlo deben hacer un riguroso due dilligence e incluso podrían pactar con los exdueños, si fuera el caso, para poder hacer inversiones en las propiedades que le fueron confiscadas. De esta forma evitarían una demanda y minimizarían considerablemente una parte del riesgo de lo que hoy significa invertir en la isla.
Conclusiones
Fuertes restricciones internas y demoledoras sanciones externas han detenido en seco las inversiones en la isla. La combinación de estos dos factores ha colocado a la economía cubana en un escenario muy adverso, en medio de una crisis global generada por la expansión del COVID-19 y el devastador efecto dominó que esta pandemia ha tenido y que va a seguir teniendo en los próximos meses en la mayoría de las economías del planeta, incluida por demás la cubana.
Por un lado, la crisis de liquidez del gobierno cubano se hace cada vez más crónica. La baja del turismo, de las exportaciones, más la crisis venezolana -- la cual ha generado una disminución considerable de los envíos de petróleo a la isla--, más el decrecimiento de los ingresos por exportación de servicios médicos han hecho que el gobierno cubano no tenga la liquidez suficiente para enfrentar al mismo tiempo los pagos de la deuda externa, los pagos a los proveedores y la compra de alimentos y combustibles en el exterior para satisfacer las necesidades del país.
Esta situación ha llevado a una crisis interna en la economía del país, la cual ha afectado no solo el suministro de alimentos y productos para la población, sino también ha golpeado la producción de medicamentos y el suministro de combustible para cocinar, el transporte, además de generar una escasez de productos alimenticios y de higiene que hace cada vez más difícil la vida de los cubanos[13].
Por otro lado, en este contexto, la activación del título III de la Ley Hems-Burton ha bloqueado con mucha efectividad las inversiones en el país. Su efecto persuasivo ha dejado sin oxígeno a la maltrecha y primitiva economía cubana. Al punto, que invertir hoy en la isla se ha convertido prácticamente en un acto suicida para los inversores que apuestan por las oportunidades de inversión que trata de vender el régimen cubano.
El mercado de 11 millones de habitantes que se convirtiera --a raíz del deshielo-- en el destino de inversión más popular del Caribe, ha perdido su encanto en un abrir y cerrar de ojos. Hoy la realidad muestra un mercado moribundo, pobre, atrasado tecnológica y estructuralmente, y con un altísimo riesgo para invertir.
Cuba actualmente es el mercado con menor poder adquisitivo de América Latina aun con la ayuda de las remesas. Su atractivo en el pasado se presentaba el cambio de escenario que generó el deshielo y el acercamiento de Estados Unidos, sumados a la tímida apertura que hiciera Raúl Castro y que significó aun con las limitaciones que esta se hizo, el salto de más de 600,000 personas a ejercer el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, la retranca puesta a las reformas hizo perder todo el atractivo que había ganado el país para estimular la inversión extranjera aun con sus limitaciones.
El nuevo equipo de gobierno encabezado por el presidente designado Miguel Diaz Canel no ha sabido enrumbar la economía, sino todo lo contrario. En lugar de adoptar una renovada estrategia aplicando una fórmula aperturista para liberar las fuerzas productivas, ha preferido el atrincheramiento ideológico y la continuidad del estatus quo como estrategia para mantener el poder. En su discurso y accionar no se percibe una apuesta al cambio de modelo, sino todo lo contrario.
La activación del Título III de la ley Helms-Burton era la oportunidad ideal para un cambio de estrategia por parte del gobierno cubano. Era más estratégico negociar y convertir las demandas en inversiones, que atrincherarse y tratar de dar vida a un modelo que económica y políticamente está muerto. La crisis actual de la economía cubana combinada con la activación del Título III de la ley Helms-Burton ha llevado al país a las puertas de una tormenta perfecta. El efecto persuasivo de la ley ha lastrado severamente las inversiones en la isla, su efecto ha sido más nocivo por el momento que las propias demandas que hasta ahora han sido interpuestas.
El gobierno cubano ha optado por esperar los resultados de las elecciones de EE.UU en noviembre próximo, poniendo sus esperanzas en que el presidente Trump sea derrotado por el candidato demócrata y que este a su vez desactive la implementación de la ley Helms-Burton. ¿De no ocurrir este escenario se sentará el gobierno cubano a negociar? ¿Cambiará su estrategia? ¿Podrá la isla soportar cuatro años más sin inversiones? Ya veremos que nos depara la historia en los próximos meses. Hay muchas subtramas corriendo al mismo tiempo que pueden acelerar un desenlace a este por ahora suspenso.
REFERENCIAS
[1] Radio Televisión Martí. “Ministro: La Habana tuvo que comprar un barco para no perder el petróleo que llevaba”. Febrero 2020. https://www.radiotelevisionmarti.com/a/ministro-la-habana-tuvo-que-comprar-un-barco-para-no-perder-el-petróleo-que-llevaba/259231.html
[2] Excelencias News Cuba. “Bouygues Batiment International apuesta por la infraestructura hotelera cubana”. Julio 2017. https://www.excelenciascuba.com/noticia/bouygues-batiment-international-apuesta-por-la-infraestructura-hotelera-cubana
[3] Diario Las Americas. “Los militares cubanos construyen otro polo turístico en la Bahía de Nipe”. Agosto 2018. https://www.diariolasamericas.com/los-militares-cubanos-construyen-otro-polo-turistico-la-bahia-nipe-n4159415
[4] EFE. “Compañías cancelan negocios con Cuba por temor a sanciones de EEUU”. Febrero 2020. https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/companias-cancelan-negocios-con-cuba-por-temor-a-sanciones-de-eeuu/
[5] http://elsalado.com/es-ES
[6] HCG Business Intelligence Unit. “Fall of tourism in Cuba: chronicle of a death foretold”. THCG Business Report, November-December 2019 Nº 4, THCG & TECH.
[7] HCG Business Intelligence Unit. “Cuba: Intercambio Comercial de Bienes cae en caída libre”. THCG Business Report, Febrero 2020 Nº 1, THCG & TECH.
[8] HCG Business Intelligence Unit. “Negocio de exportación de servicios médicos se desinfla”. THCG Business Report, Febrero 2020 Nº 1, THCG & TECH.
[9] HCG Business Intelligence Unit. “Cuba no paga su deuda externa y pone en peligro su acuerdo con el Club de Paris”. THCG Business Report, Febrero 2020 Nº 1, THCG & TECH.
[10] HCG Business Intelligence Unit. “Checkmate of the CNAs accelerates the road to chaos”. THCG Business Report, August-October 2019 Nº 3, THCG & TECH.
[11] REUTERS. “Cuba facing UK court battle over unpaid government debt”. February 2020. https://www.reuters.com/article/cuba-bonds/cuba-facing-uk-court-battle-over-unpaid-government-debt-idINKBN20D2F0
[12] U.S.-Cuba Trade and Economic Council, Inc. October 2019.
https://www.cubatrade.org/blog/2020/4/25/0pwu9ebybb1hgxmq9fne0blejomdvn
[13] HCG Business Intelligence Unit. “La crisis de liquidez de la economía cubana se profundiza”. THCG Business Report, Febrero 2020 Nº 1, THCG & TECH.
