Por HCG Business Intelligence Unit
La defensa de un país de una agresión externa puede ser la tarea principal de cualquier Estado. Por ende, es comprensible que, en un país como Cuba, “hipotéticamente” en permanente peligro de guerra o de enfrentamiento a agresiones --es la falsa excusa que siempre ha usado el gobierno cubano para controlarlo todo-- los sectores de la defensa sean de los priorizados para recibir fondos del Presupuesto del Estado o de otras fuentes, para garantizar los recursos que hagan posible esa salvaguardia e invulnerabilidad del país.
Sería normal que estos fondos – fuesen de la magnitud que sea - se recibiesen a partir de lo propiamente captado por el Estado.
Mientras existía la URSS y el campo socialista, los recursos para la defensa más o menos pudieran haber estado definidos a partir de los convenios existentes con esos países. ¿Pero cómo garantizar la defensa del país, ante la crisis del Período Especial, cuando los recursos generados por el sistema empresarial y la economía nacional apenas alcanzaban para cubrir las necesidades esenciales del país?
La respuesta a esa pregunta ya había tenido una solución parcial en años anteriores, y no solo para las necesidades de la defensa: procurar sus propios recursos; generarlos mediante la asunción de tareas económicas, ampliando el llamado sector civil de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).
Realmente en Cuba no es experiencia única de las FAR y el MININT asumir tareas que normalmente no les pertenecerían. Históricamente ha sido muy común ver que un ministerio cualquiera tenga empresas de la construcción, o talleres de reparación de autos, por citar algunos ejemplos, además de ser poco extensiva la práctica del “outsourcing”, o contratación de servicios a terceros especializados, como la comida para los trabajadores. ¿Por qué? Porque todo el mundo se queja de la informalidad de otras empresas, o duda que alguien ajeno a su ministerio vaya a resolver sus problemas internos y sus compromisos ante el Estado, o ante los trabajadores.
Por lo anterior, muchos prefieren tener, por ejemplo, su propia empresa constructiva para darle solución a una tarea determinada; no importa si no son especialistas en el tema y su eficiencia es inferior. O su propia granja de producción de alimentos. Lo que importa es resolver el problema, no importando los costos. Por lo tanto, no es nada inusual asumir tareas que no les corresponden. Incluso, no sólo para hacer algo que peligraría su cumplimiento si tuvieran que esperar por que otro lo hiciera, sino también, a veces, como queriendo demostrar que ellos lo saben hacer mejor que otros, y hasta con menores costos.
O sea, la falta de eficiencia generalizada de los principales encargados para brindar los servicios demandados por la Sociedad, o la falta de respuesta a las necesidades del mercado, han sido siempre un acicate para que en Cuba todo el mundo quiera hacer de todo, olvidándonos del refrán popular de “zapatero a sus zapatos”.
Pero, a diferencia de años anteriores, aquí ya no se trataba de crear empresas para encontrar respuestas a sus propias necesidades de productos o servicios, sino de contar con un sistema empresarial en divisas, cuyas utilidades pudiesen ser canalizadas al sector de la defensa, sin tener que esperar a que el Presupuesto del Estado asignase los recursos. O sea, hablamos no sólo de actividades empresariales que tengan que ver con el autoconsumo, como puede ser la producción de armamentos, o de alimentos para sus tropas y su personal civil, o de construcción de sus propias obras, sino también de otras actividades para brindar servicios a terceros, lo cual se hace no para suplir una necesidad propia, sino para obtener un excedente en divisas para su propio bien.
Así, el sistema empresarial de las FAR creó el Grupo de Administración de Empresas (GAE), recibiendo autorización o licencias para tener y administrar propiedades de hoteles para el turismo internacional (Grupo Gaviota), cadenas de tiendas en CUC (TRD, más las tiendas Gaviota en sus hoteles), taxis que operaban en CUC, servicios de fotografía en CUC (Trimagen), Inmobiliaria que alquila apartamentos en CUC a extranjeros (Inmobiliaria Caribe), aerotaxis y otros servicios aéreos para terceros (Aero Gaviota), venta de piezas de repuesto y servicios de reparación de autos (SASA), almacenaje y transportación de mercancías (Almacenes Universales), agencia aduanal (AUSA), etc. Mientras, el MININT no sólo brinda servicios de protección a tiendas, bancos, embajadas, etc., o de traslado de valores, cobrando en CUC, a través de sus empresas SEPSA y TRASVAL (servicios que pueden catalogarse como afines al ministerio en cuestión), sino que también durante unos años estuvo importando mercancías para terceros, además de tener una cadena de tiendas de ferretería a nombre de TRASVAL, la empresa de transportación de mercancías SERTA y el grupo constructivo D’Obras, entidades que no sólo operaban para brindar servicios al MININT.
Con posterioridad, el sector empresarial del MININT fue reducido y a muchas de las empresas arriba mencionadas se les revocaron las licencias para ofrecer productos y servicios a terceros. No obstante, a la misma vez el GAE fue ampliando cada vez más el alcance de su actividad en divisas, en variados sectores de la economía nacional. Así, asumieron las cadenas de tiendas CUBALSE, CIMEX, Habaguanex, más todos los otros servicios que abarcaban estos grupos empresariales (gasolineras, inmobiliarias mixtas para alquiler de viviendas y espacios de oficinas, naviera, tramitación de remesas familiares de Western Union y otras entidades, etc.), como también actividades productivas (producción de aceite por ECASOL, envases plásticos, etc.), y otros servicios fundamentales en divisas (por ejemplo, la Terminal de Contenedores de La Habana, era una empresa mixta participada por el MITRANS, mientras la Terminal de Contenedores del Mariel pasó a formar parte del GAE, además de toda la Zona Especial de Desarrollo del Mariel). Solo mencionando estas empresas, cualquier puede darse cuenta que la mayor parte de la actividad empresarial generadora de divisas del país, se encuentra en manos del GAE, exceptuando los servicios médicos en el exterior, la minería, la exportación de azúcar, ron, tabaco, miel, productos de la pesca, parte del turismo internacional y otros de menor importancia. Incluso, en las telecomunicaciones el GAE tiene una importante participación, como uno de los accionistas de ETECSA.
Ante esta realidad, surgen varias preguntas, que agruparemos por grupos.
- ¿Las utilidades anuales de las empresas pertenecientes al GAE quedan en su totalidad en manos de las FAR? O, ¿la existencia de estas empresas le permite a las FAR obtener de forma directa la cantidad tope que anualmente les haya aprobado el Estado, sin necesidad de depender del cumplimiento de los planes económicos por parte de terceros, pero posteriormente debiendo el GAE entregar al Presupuesto del Estado la diferencia que obtengan en exceso, sobre el límite aprobado de recursos?
Todo parece indicar que es lo primero. Pero si todo lo recaudado por estas entidades queda en las arcas de su ministerio, las FAR no tendrían tope de gasto, sino que tendrían tanto cuanto fuesen capaces de captar en sus sistemas empresariales.
Aun cuando se escucha que el GAE, de sus excedentes, periódicamente aporta recursos a las otras empresas de la economía nacional, estamos ante la presencia de algo inusual, cuando no es el sector de la defensa el que obtiene recursos del Estado, sino que es el Estado el que debe solicitar y obtener recursos del GAE, para las necesidades del país. Vendría siendo como que el Estado tuviese que mendigar al GAE, para que aporte más recursos a la economía nacional, esperando a que el GAE lo aprobase o no, de acuerdo a sus propias decisiones.
- ¿Pagan las empresas del GAE impuestos a la ONAT sobre las utilidades netas obtenidas, como el resto de las empresas del país?
Una vez más, todo parece indicar que no pagan impuestos a la ONAT. Se dice que el sistema de las FAR tiene su propio organismo recaudador de impuestos, pero los fondos obtenidos por esta vía no irían a parar a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria del país. Puede que esta aseveración no sea totalmente cierta, pero la opacidad y falta de información sobre el sistema empresarial de las FAR no permiten asegurar o desmentir esta información. Opacidad propia de un sistema relacionado con la defensa, pero que es incompatible con la información económica a manejar generalmente por la sociedad en su conjunto.
- ¿Las empresas del GAE (y el propio GAE) son auditadas, o de alguna forma controladas por los diferentes organismos de control establecidos en el país, sea la Asamblea Nacional, o la Contraloría, o la ONAT, el BCC, etc.?
En cualquier caso, para organismos civiles siempre será engorroso la verificación de entidades subordinadas a las fuerzas armadas o al ministerio del interior. No solo por lo que pudiese significar para un civil estar frente a un uniforme militar, sino porque siempre el verificador puede caer en la duda de si su actividad controladora, ejercida con pulcritud y esmero, pudiese representar un daño a la seguridad del país. ¿Entonces, es preferible la alternativa de dejar a esas empresas sin control externo y supervisión de los órganos establecidos en el país, confiando solo en las auditorías del propio sistema al cual pertenecen esas empresas?
- ¿Acaso los salarios y estímulos que se pagan dentro de las FAR, con ayuda de los resultados de las empresas del GAE, no demuestran que los ingresos deben ser superiores en los sectores donde se desee obtener mejores resultados, o donde ya se obtienen esos resultados?
Con los beneficios en divisas que obtienen de actividades empresariales, las FAR y el MININT se pueden dar el lujo no sólo de acometer tareas propias de la defensa y mejorar el consumo de alimentos de sus integrantes, sino también de pagar mayores salarios para captar mejor personal, construir y distribuir hogares con más agilidad que otros ministerios, enviar a su personal a vacacionar a lugares óptimos, darles autos y variados equipos electrodomésticos a sus primeros oficiales, vender en sus restaurantes y lugares de recreo los productos a precios inferiores a los que existen en la calle para la ciudadanía en general, etc.
No cabe duda que, si un País decide que estas son esferas priorizadas, pues la remuneración a su personal también debe ser distinguida y diferenciada de una u otra forma. ¿Pero acaso eso no es un reconocimiento a que debe existir diferenciación en los ingresos, según los resultados obtenidos, o las metas propuestas? ¿Por qué el concepto se reconoce como válido para unos, mientras para el resto del país no lo es?
- ¿Es beneficioso que algunas de las empresas mencionadas pertenezcan al GAE, para ayudar a combatir el embargo de EE.UU.?
Se ha escuchado que es beneficioso para el país que las cadenas de tiendas, y algunas otras empresas, pertenezcan al sistema empresarial de las FAR, que están mejor preparadas para combatir el embargo.
Realmente no son muy convincentes estas ideas, ni que las empresas del GAE puedan ser más eficientes en ese afán, ni que otras empresas de la economía nacional no puedan obtener los mismos resultados.
Lo que se ha demostrado es que al pasar al GAE, los EE.UU. han identificado un grupo de empresas, importantes para la economía del país, como empresas que tributan a las necesidades de la defensa de Cuba, poniéndolas en listas sancionadoras y dificultando el normal funcionamiento de esas empresas. Está claro que, aunque esas empresas no perteneciesen al GAE, en la lógica del pensamiento y la ideología del gobierno cubano “el enemigo” hubiese podido esgrimir otros “pretextos falsos” para sancionarlas y obstaculizar su actividad, teniendo en cuenta el mercado de esas empresas y su importancia para la obtención de recursos externos para el país.
Sin embargo, al pertenecer al GAE, se le “facilita al enemigo” los argumentos para que sancionen a un grupo importante de empresas, sean hoteles, o productores de ron y café, o tramitadoras de remesas de ayudas familiares. Perteneciendo al GAE, ¿realmente esas empresas aportan más beneficios que problemas, en el combate contra el embargo de EE.UU.?
- ¿Compiten en igualdad de condiciones las empresas del GAE y las otras empresas de la economía nacional?
Muchas veces se escucha el criterio de que las empresas pertenecientes al GAE son más eficientes que el resto de las empresas del país, y que por ese motivo han logrado ir creciendo con mayor dinamismo que las segundas. ¿Es realmente así?
En primer lugar, muchas de las licencias otorgadas a favor del GAE, han sido impuestas para determinado fin, pero no porque las empresas del GAE hayan demostrado siempre ser más eficientes. Es el caso, por ejemplo, de los hoteles en la cayería norte de Villa Clara, o en la provincia de Holguín, que en su momento fueron adjudicados al Grupo Gaviota, de las FAR, sin apenas darles cabida a los otros grupos hoteleros del Ministerio del Turismo. O es el caso de las cadenas de tiendas CUBALSE y CIMEX, que de buenas a primera pasaron al GAE, desapareciendo la primera de ellas. ¿Son los hoteles de Gaviota mucho más eficientes que los de Gran Caribe o Cubanacán? ¿Era TRD mucho más eficiente que CUBALSE y Corporación CIMEX? Después de pasar CIMEX al GAE, ¿es ahora mucho más eficiente que antes, cuando pertenecía al Consejo de Estado?
Una vez más, a falta de información empresarial y económica precisa (que no información militar), es imposible dar respuestas a esas preguntas. Sin embargo, podemos abstraernos y suponer que sí; que las empresas del GAE son más eficientes que el resto de las empresas. Entonces, habría que determinar las causas y verificar si ambos grupos de empresas compiten en igualdad de condiciones.
Por ejemplo, desde que en 2004 surgieron los “Números de autorizo” (NA) del Comité de Aprobación de Divisas del BCC (CAD) para poder firmar un contrato de importación, las empresas importadoras del MININT y el MINFAR obtuvieron una ventaja competitiva sobre las demás, ya que ellas contaban con una “autorización permanente” para sus compras (IP). Se supone que estas empresas recibieron los mencionados IP para no demorar las compras sensibles y urgentes para la defensa, pero el preciado mecanismo de compra sin previas autorizaciones puntuales, las convirtió de inmediato en el canal predilecto para realizar importaciones (urgentes o no) de cualquier ministerio. Hasta cierto punto pudiese resultar lógico que las FAR/MININT contasen con prerrogativas especiales para las compras militares de sus ministerios (si caemos en lo absurdo de pensar que las otras empresas sí necesitan todo tipo de excesivas autorizaciones y limitaciones). ¿Pero esta diferenciación también era necesaria para las compras que ellos realizaban para terceros, o para su sistema empresarial que brindaba servicios a terceros en moneda convertible?
Posteriormente se eliminaron los CAD, pero surgieron los controles de liquidez externa (conocidos bajo variadas siglas, como CL, FP, CF), sin los cuales no se pueden pagar las mercancías importadas. El propio GAE cuenta con una especie de “esquema cerrado”, que le permite utilizar las divisas externas recibidas por su sistema empresarial (sea de los hoteles de Gaviota, o de las remesas externas de ayudas familiares, y otros) para el pago de las importaciones de las empresas del Grupo. No es el único grupo dentro del país con un “esquema cerrado” aprobado, pero sí es uno de los pocos que cuentan con él, donde también es importante comparar el porcentaje de los ingresos que se permite que permanezca en posesión del grupo empresarial que sea. Este mecanismo convierte a las empresas del GAE en empresas privilegiadas dentro del país, cuando muchas otras empresas del país no cuentan con las mismas facilidades para obtener el preciado CL, aun cuando fuesen empresas exportadoras o importantes sustitutas de importaciones.
Y si hablamos – como otro ejemplo - de la construcción, también parece ser que los trabajadores de las empresas constructoras de las FAR y el MININT no tienen que aplicar estrictamente el sistema establecido por el Ministerio de la Construcción para la valoración de los diferentes objetos de obras terminados y su pago a los obreros.
O las posibilidades para contratar obreros de la construcción de otros países, para la terminación de las obras de construcción de hoteles. Da igual que esa contratación de constructores extranjeros haya sido por la empresa foránea encargada de administrar esas construcciones o entregarlas “llave en mano”, y que hasta resultase ventajosa desde el punto de vista económico: resulta muy poco probable que una empresa de la economía nacional se hubiese atrevido a realizar esa contratación, o permitírsela a su socio extranjero, o que hubiese obtenido esos permisos del organismo superior. Parece ser que el GAE no necesitaba acudir en búsqueda de autorizaciones burocráticas para esa contratación de personal extranjero, tema sensible desde el punto de vista político, demográfico o de empleo.
Algunos consideran que las empresas del GAE son más eficientes, porque aplican mejor los controles y son más rigurosas y disciplinadas. Puede que sea una idea extendida, a juzgar por la masiva práctica de poner a militares a dirigir las empresas nacionales, en los cargos directivos abandonados, o quedados vacantes por las sanciones aplicadas a los anteriores dirigentes. Es como si se creyera que son los cuadros los únicos responsables de los éxitos empresariales en el MININT/FAR. Pero por mucho que han probado con nuevos dirigentes provenientes de las FAR, las empresas subordinadas a ministerios no militares parece que se resisten a ser “enmendadas”. Muchos de los otrora exitosos cuadros militares, después han fracasado en sus nuevas misiones civiles.
¿Será entonces que esos cuadros han fallado porque no pueden aplicar en la vida civil la disciplina militar a la que están acostumbrados? Pues tampoco creemos que sea eso. Estamos convencidos que lo que puede hacer que las empresas del GAE tuviesen mejores resultados, son: los mejores estímulos y formas de pago para sus trabajadores; el menor grado de burocratización y de todo tipo de autorizaciones y trabas que aquejan a las otras empresas nacionales; el acceso a los recursos financieros. Por eso pueden ser más eficientes; no porque los militares sepan instaurar un orden que no saben ni copiar los civiles.
No hay necesidad de dejar en manos de los militares las empresas de la economía nacional, ni para obtener mejores resultados, ni para poder garantizar los recursos que necesitan para la defensa, que debieran obtener de lo que el Presupuesto les destinara.
En caso extremo, si las empresas quedasen en manos del sistema empresarial del GAE, debieran ser supervisadas y auditadas por los mismos organismos que controlan al resto de las empresas del país, y bajo las mismas premisas, quedándose el GAE con la parte de las utilidades que les aprobase el país, pero cediendo a la caja central del Estado todo lo que excediese del importe máximo aprobado para las FAR, además de los impuestos.
Si no es así, ¿no estaríamos ante la presencia de un Estado dentro del Estado? Pero dada la falta de transparencia esta no es la única interrogante que debemos hacernos. ¿Quienes son los reales dueños y accionistas de estas empresas? ¿A dónde va a parar todo ese capital que generan?
